El debate quedó instalado esta semana, con la discusión parlamentaria del proyecto de ley del Poder Ejecutivo destinado a indemnizar a las víctimas del cruel atentado terrorista contra la sede de la AMIA, en julio de 1994.

Luego de las duras críticas al proyecto emitidas por miembros de Familiares y Amigos de las Víctimas y de Memoria Activa, la Comisión de Legislación General del Senado decidió postergar la aprobación de la norma, impulsada de manera directa por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que establecía una reparación de alrededor de $400.000 para los familiares directos de cada víctima, y una cifra algo menor para los heridos durante el ataque fundamentalista.

“¿Por qué tanto apuro en hablar de plata? Metan presos a los asesinos y después hablamos de reparación”, afirmó Sergio Burstein, uno de los familiares más enojados con la propuesta legislativa. Desde Memoria Activa también se criticó al proyecto y se lo calificó como “un punto más” de los compromisos que el Estado argentino asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace ya más de dos años.

En el oficialismo hubo una mezcla de sorpresa y desagrado ante la actitud de los familiares. Por lo bajo, algunos asesores legislativos calificaron de “destempladas” las reacciones de los familiares, y reiteraron que aceptar el dinero no significa abandonar el reclamo judicial por justicia ante los tribunales argentinos y extranjeros.

La Comisión de Legislación General de la Cámara alta decidió, el martes último, iniciar consultas con las distintas organizaciones de familiares a partir del 3 de junio, con el objetivo de consensuar un proyecto “superador” al actual.

Un día antes, los familiares se habían reunido con el jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto (Río Negro), y sus pares kirchneristas Daniel Filmus (Capital) y Pedro Guastavino (Entre Ríos). Allí acordaron abrir las puertas del Congreso a Memoria Activa, Familiares y Amigos, el CELS y otras entidades involucradas en el reclamo judicial.

Más allá del legítimo derecho de los familiares a oponerse a este proyecto o a cualquier otro, o de la natural desconfianza que generan casi catorce años sin novedades de importancia en lo que hace a la conexión local que posibilitó el ataque terrorista, la presentación del proyecto indemnizatorio instala un debate que está lejos aún de terminar.

Ejemplos sobran, en uno y otro sentido. Luego del Genocidio y de su asombrosa recuperación económica, el Estado alemán inició una política de reparaciones hacia sus ciudadanos judíos que lo perdieron todo durante el horror del Tercer Reich comandado por Adolf Hitler. Las reparaciones económicas alemanas, que se extendieron hacia nuestros días y que incluyeron a sobrevivientes de campos de concentración, familiares de los masacrados y aun donaciones al entonces renacido Estado de Israel, no impidieron de ningún modo la persecución y juzgamiento de miles de jerarcas nazis esparcidos alrededor del mundo, algunos de los cuales aún siguen siendo buscados hoy por el centro Simón Wiesenthal en nuestro continente.

En el ámbito local, las Madres de Plaza de Mayo, que encabeza Hebe de Bonafini, cuestionaron desde un principio y de manera violenta las reparaciones económicas y la ayuda que el gobierno menemista otorgó a las Abuelas de Plaza de Mayo que preside Estela de Carlotto, entidad que, es bueno decirlo, jamás dejó de buscar a los nietos que continúan en manos de sus apropiadores ni suavizó sus críticas a la política de derechos humanos de esa administración.

Sin dudas, los ejemplos son sólo eso, casos parciales que no intentan dar por cierto o válido lo ocurrido en otras latitudes. Pero cabría preguntarse si el proyecto es otro intento por quebrar o comprar a los familiares para que desistan de su reclamo y se callen la boca ante la falta de avances de la causa judicial, como piensan algunos familiares, o simplemente el cumplimiento de una obligación del Estado argentino, que reconoció ante los foros internacionales que no cuidó a sus ciudadanos como debía y posibilitó, por impericia o inacción, que los nazis de afuera y de adentro mataran impunemente a 85 personas dentro y fuera de la vieja sede de la calle Pasteur.

Reparación sí, entonces, pero de la mano de la justicia. Ningún dinero evitará que los familiares de los muertos de la AMIA sigan gritando por el esclarecimiento del atentado, hasta que los que encontraron su final aquel día de julio puedan descansar, al fin, en paz.-