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La Democracia contra la República Imprimir E-Mail
viernes, 19 de marzo de 2010
Por el ing. David Czarny*

Rosario enero de 2010, Frente a esta peligrosa guerra entre los 3 poderes del Estado Nacional, estamos viviendo con profundo escepticismo respecto a que esta democracia sea una forma efectiva de administrar de los gobiernos para dar respuesta a las necesidades materiales y espirituales de sus representados, lo que asumimos con preocupante resignación.


En términos morales, la democracia será legítima con el apoyo expreso del grueso de sus ciudadanos, que además de su voto periódico está asumiendo que sólo una modesta minoría participa de los asuntos de su Estado y sus instituciones, trayendo una apatía creciente igual que aumenta la separación de los ciudadanos de sus representantes. Esto se refleja en la disminución de la participación de las mayorías en las elecciones, lo que afecta a la legitimidad democrática de los gobiernos, aunque sean “legalmente elegidos”.

Desde los años 70 se han generalizado desde algunos políticos e ideólogos, los argumentos que el papel del Estado debe ser reducido a la mínima expresión, porque la calidad y costo de sus servicios son indeseables y el mercado puede prestarlos mejor, reclamando la privatización para ponerlos en manos privadas con negocios lucrativos. Se exacerbaron los éxitos de la economía y los servicios a la población de los países ricos, aunque en otro contexto cultural y otras tradiciones; para compararlos con los fracasos en los países emergentes o subdesarrollados, y con los incumplimientos de las promesas de sus gobiernos.

El Estado nacional o local, son el marco esencial de la política democrática, pero hoy vive una mayor debilidad que antes, y la relación entre los ciudadanos y las autoridades públicas tienen un carácter muy lejano. Así se deteriora cada vez más la calidad intelectual de los políticos que se ven confrontados con los medios de comunicación y con la opinión pública, cuando éstos ejercen un cierto control sobre las acciones de gobierno, por la falta de debates parlamentarios serios que reflejan el descontento público. Solo apelan a descalificar estas expresiones diciendo que son obra de pequeñas minorías poco representativas, pero ellos no entienden la actualidad de un mundo globalizado donde conviven fuerzas que ejercen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos y que los gobiernos no pueden controlar.

La tarea específica del gobierno debe responder a la visión de nación que les propuso a los ciudadanos para ser elegido por las mayorías; y el pueblo puede no ser idóneo para juzgar los proyectos, pero sí los resultados. Los gobiernos democráticos deben evitar el populismo y la publicidad electoralista, en las decisiones que adoptan para llevar adelante su acción de gobierno.

El siglo XXI no se presenta favorable a ningún tipo de dictadura, ni de derecha ni de izquierda, y rechaza toda convicción antidemocrática, a pesar de que en numerosas regiones subsiste la pobreza y el descontento social. Se requiere un Estado que disfrute de la legitimidad, del consenso y la capacidad para mediar en los conflictos que enfrentan a los grupos locales.

Se institucionalizaron los levantamientos y los disturbios, que han desarmado a la fuerza pública frente a la violencia callejera y han hecho fracasar los mejores intentos de una nueva legislación para encarar los grandes problemas sociales. Las autoridades deben buscar el equilibrio entre el empleo de la fuerza y la persuasión o la confianza ciudadana en el control del orden público; partiendo de información fidedigna de la situación. La seguridad pública, lo que la gente entiende por la ley y el orden, debe ser garantizada por las instituciones y autoridades que organizan la vida civil, lo que incluye a la policía.

Los Estados con economías estables y una distribución de la riqueza relativamente equitativa, son menos susceptibles de sufrir estas crisis sociales y políticas. Estas generan violencia que dependerá de la legitimidad de los gobiernos nacionales frente a la mayoría de la población.

El siglo XXI heredó una violencia armada que trae un alto grado de sufrimiento, a una sociedad en proceso de cambio en su forma de vida. Las presiones de la uniformidad global, como la ciencia, la tecnología, las diferentes infraestructuras técnicas y las instituciones culturales, trajeron un aumento de la emigración de las regiones más pobres a las mas ricas, que provoca tensión social y política en los conglomerados urbanos y sus áreas metropolitanas.

El concepto de poder que inspira el gobierno nacional, con rasgos autoritarios, se hace más peligroso frente a una oposición desarticulada y sin propuestas alternativas que convoque a los ciudadanos a un nuevo Proyecto Nacional. Los gobernantes, apoltronados sobre las urnas, buscan premiar más la lealtad y la sumisión al líder, que la libertad y la crítica. Instalaron la cultura que pensar diferente es delito, para anular la voluntad y la conciencia de los ciudadanos, instaurando la mentira y la negación consciente de la verdad.

Otra vez la situación internacional favorece a la Argentina, pero no sabemos por cuánto tiempo. Esta nueva oportunidad histórica reclama de la clase dirigente, gobierno y oposición, de la intelectualidad y los analistas con pensamiento crítico, la elaboración de un proyecto de país para este siglo XXI, basado en la verdad de nuestras fortalezas y debilidades, para construir una real estrategia de desarrollo con equidad.

No obstante, un gobierno sin credibilidad, desde la torpeza, la soberbia y la poca transparencia, podrá solamente declamar la defensa de la democracia distributiva, o que existen progresos en algunos índices de crecimiento , o que sobrevivimos al infierno del 2001, etc..

Pero la democracia sin dignidad republicana; el crecimiento sin equidad ; el sobrevivir sin ética republicana; están generando una respuesta contundente de la sociedad, de que la vida digna es un derecho y no una concesión política del gobierno de turno.

No se puede aceptar en la política que el fin de la gobernabilidad, justifica los medios cualqueria sean. Los medios deben ser éticos para poder ser parte de esos fines, en una sociedad democrática y republicana.


*Viicepresidente Foro Regional Rosario.

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