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Seguridad y fin de la impunidad, un reclamo que ya lleva tres lustros Imprimir E-Mail
jueves, 03 de septiembre de 2009
 Como si todo estuviera bien. Como si las sospechas no se amontonaran sobre ese caluroso y superpoblado rincón fronterizo, dueño de un poco edificante prestigio en materia de corrupción, contrabando y lazos con el terrorismo internacional.

Como si el cruento atentado a la sede de la AMIA, ocurrido hace poco más de quince años, atrás, no se relacionara con ese oscuro e inabarcable sector del planeta, la Fuerza Aérea argentina anunció días atrás que replegará el radar que había instalado el año pasado en la capital misionera para detectar vuelos ilegales y lo instalará en la apacible ciudad santafesina de Reconquista. Lejos, muy lejos de la comunidad árabe de la Triple Frontera, denunciada por organismos internacionales como nido y refugio de células terroristas dormidas, como la que habría participado, según la Justicia argentina, en el atentado que destruyera la antigua sede de la calle Pasteur, hace ya tres lustros.
La decisión de la Fuerza Aérea nacional se explicó en la realización de "un ejercicio militar", pero el motivo real sería el recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Defensa, según fuentes oficiales. 

El viejo radar TPS 43, veterano de la Guerra de Malvinas, dejó de monitorear el espacio aéreo del nordeste argentino, donde rastreaba la presencia de vuelos ilegales principalmente desde y hacia Paraguay. Su objetivo era rastrear aviones vinculados con la droga y el tráfico ilegal de cigarrillos, pero lo cierto es que su ausencia también deja un vacío importante, que puede ser utilizado por las células terroristas que, se presume, siguen operando en la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. Hacia allí partieron llamados y se confirmaron relaciones de personajes vinculados al ataque a la AMIA: el ex secretario cultural de la embajada iraní, Mohsen Rabbani (cuya captura fue pedida por Interpol por su presunta participación en el atentado), y el reducidor de autos Carlos Telleldín, que podría volver a ser juzgado en breve luego de la decisión de la Corte Suprema de revisar lo actuado por la Justicia argentina hasta la destitución del ex juez Juan José Galeano.

Al margen de las restricciones económicas conocidas, el Estado no debería descuidar un elemento tan importante para la seguridad de todos. Y más, cuando desde el propio Gobierno se anuncian monumentales gastos para atender problemáticas menos estratégicas, como la crisis por los derechos de televisación del fútbol.

Algo de ese clima de reclamo llegó a la conmemoración oficial de los quince años del ataque a la AMIA. Con la presencia de la presidenta Cristina Kirchner, quedaron claras las cuentas aún pendientes. 

Por un lado, si bien la Corte decidió dar marcha atrás con la anulación de parte de lo actuado por Galeano antes de ser destituido, nada hace suponer que habrá un veloz e intempestivo avance de la causa para determinar quién o quiénes colaboraron con la célula terrorista que perpetró la masacre en la antigua sede comunal de la calle Pasteur.

De todos modos, la esperanza está puesta en los Tribunales, para que nadie de los sospechados, se llamen como se llamen, se sienta absolutamente a salvo, al margen del implacable paso del tiempo.

Otra molestia comunitaria queda evidenciada con las críticas a la designación de Jorge “Fino” Palacios como jefe de la flamante Policía metropolitana,  a pesar de su polémica participación durante los primeros años de investigación del atentado.

Los familiares confiaron en él, cuando les prometía trabajar junto a ellos para detectar a los culpables. Se desilusionaron cuando comprobaron de su llamado a Jacinto Kanoore Edul, cuyo padre visitaba con asiduidad la Casa Rosada en tiempos de Carlos Menem, poco antes de allanar su domicilio. Edul reconoció durante la investigación que llamó a Telleldín por la compra de una camioneta días antes del ataque, aunque lo adjudicó a un “aviso en el diario” y no a su vínculo con el reducidor de autos. Se sospecha que fue intermediario entre Telleldín y los perpetradores del atentado, aunque esa pista, la denominada pista siria, siempre fue abortada a tiempo para deslindar las responsabilidades del entorno menemista. 

El enojo comunitario con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por designar a Palacios es, pues, más que justificado. Y su designación huele a capricho más que a una meditada valoración de sus cualidades para el puesto.

Más presupuesto para prevenir. Mayor celeridad para juzgar y condenar. Menos impunidad. Reclamos de ayer y de hoy, a quince años del atentado que cambió para siempre a la comunidad judía en el país.
 
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